Por
fuera de los canales formales, un grupo de entidades obligadas a reportar operaciones
sospechosas de lavado comenzaron a compartir de manera ilegal información reservada
sobre sus clientes como paso previo a enviar sus alertas a la unidad antilavado
(UIF).
El
intercambio de esos datos confidenciales se encuentra penado por la ley, pero algunos
bancos, compañías de seguros, transportadoras de caudales, avanzaron de todos
modos durante los últimos meses.
La
decisión se tomó por algunos oficiales de cumplimiento antilavado –y luego se
amplió a otros– con el fin de reducir sus riesgos de afrontar una multa
millonaria por parte de la UIF si uno de ellos envía a la UIF un reporte de
operación sospechosa (ROS) de un cliente y el resto no lo hace.
La
polémica práctica –al que algunos apodan con ironía como “el clearing de los ROS”
– fue confirmada a por el presidente de un banco, dos oficiales de
cumplimiento antilavado y un experto en contabilidad forense al que algunas de
esas entidades pidieron asesoramiento.
pd: el resto del artículo publicado por LA NACIÓN, acá.
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