"Acá no funciona absolutamente nada de eso", replica, seca y desconfiada, María Laura Martí, desde su casa de San Miguel de Tucumán. En los papeles, su vivienda es el domicilio legal que fijó la sociedad anónima que trajeron de España el nuevo dueño de la ex Ciccone Calcográfica y el deudor declarado del vicepresidente Amado Boudou.
Constituida en marzo de 2007, en Madrid, Agroibérica de Inversiones SA comenzó su desembarco en la Argentina pocos meses después. Pero en vez de instalarse en la ciudad de Buenos Aires sus socios optaron por Tucumán. Y fijaron el domicilio legal de la firma en la calle San Miguel número 623, de la capital tucumana.
"Ese dato es erróneo. No
tenemos nada que ver con esa firma", insiste María Laura, a cuyo nombre
figura el teléfono de la casa, ante la consulta de LA NACION. Pero no es ella
sino Alejandro Antonio Martí, de 65 años, quien figuró en el Boletín Oficial de
la provincia, en febrero de 2008, como uno de los dos representantes legales de
la firma, en ese inmueble.
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