Cartel (y cara) de cemento

La Cámara Nacional de Casación Penal aceptó los reclamos de los abogados del Estado y declaró la "nulidad absoluta" de un fallo previo que la propia Cámara había adoptado en beneficio de las principales empresas cementeras del país, acusadas de actuar de manera "cartelizada" para fijar los precios del sector.

La inusual decisión fue adoptada el lunes pasado por la sala IV de la Casación, el máximo tribunal penal del país, que de ese modo anuló el fallo que había dejado sin efecto la aplicación de multas por más de $ 300 millones contra Loma Negra, Juan Minetti SA, Cementos Avellaneda SA, Petroquímica Comodoro Rivadavia SA y Cemento San Martín SA, como también a la Asociación Fabricantes de Cemento Portland.

Los camaristas Mariano Borinsky, Raúl Madueño y Eduardo Riggi declararon la nulidad absoluta de la resolución anterior, dictada apenas tres meses atrás, ya que concluyeron que no se notificó al Ministerio de Economía, por lo que se privó a sus abogados de ejercer el derecho a "defender los intereses del Estado Nacional".

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