La megainvestigación penal sobre las facturas truchas sigue viva. En terapia intensiva, pero viva al fin. Ahora, resta saber por cuánto tiempo más. Acaso por eso, y a pesar de los múltiples escollos, los sabuesos judiciales decidieron ahondar en una de las empresas más sensibles, la constructora Gotti SA, vinculada al poderoso empresario kirchnerista Lázaro Báez.
Los investigadores solicitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informara si el acogimiento de Gotti SA a la polémica moratoria impulsada por el Gobierno en 2009, por entre 75 y 100 millones de pesos, abarcó todas sus deudas tributarias.
El requerimiento a la AFIP se concentra en dos ejes. El primero es analizar si abarcó las eventuales deudas correspondientes a 2008; el segundo, revisar las facturas falsas que canceló Gotti para determinar si son todas las detectadas.
En público, y hasta acogerse a la moratoria, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008 publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada por la AFIP, lo que calificó de versión "antojadiza".
La mudanza del domicilio fiscal a Buenos Aires también le permitió a Gotti SA que su legajo tributario recalara en la Región Sur Metropolitana de la AFIP, en manos del director Andrés Vázquez, protagonista de polémicas resonantes.
De ésa y otra causa en las que se investigan las usinas de facturas surgen datos incómodos para el poder político y económico. Entre ellos, los vínculos entre un presunto "intermediario mayorista" de esos remitos apócrifos, Diego Díaz Bonilla, y el jefe de asesores del ministro Julio De Vido, José María Caula.
Sin embargo, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, comenzó a tomar medidas que afectaron la investigación. Así, no sólo modificó toda la línea jerárquica en la Región Sur Metropolitana, por debajo de Vázquez, que debía revisar los papeles de Gotti, sino que ordenó el retiro de los dos contadores que colaboraban con los fiscales en la "megacausa Viazzo" desde hacía años.
Al menos hasta el año 2000 inclusive, el propio Echegaray trabajó como abogado de esa constructora, según reveló Perfil, para representarla incluso ante organismos públicos como la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.
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