En la lucha contra el lavado estamos mal, pero vamos bien. Ésa es la conclusión central de la encuesta a ejecutivos privados y funcionarios públicos abocados a la detección del lavado de activos en la Argentina que acaba de completarse. Unos y otros coincidieron en la baja calidad de las normas, las deficiencias del Estado para combatirlo y la ignorancia social que lo rodea, pero también destacaron las mejorías de los últimos años, a partir de la mayor presión internacional.
Los resultados del relevamiento desarrollado por la firma Consultcom, de Marcos Victorica [foto, abajo, junto al entonces embajador norteamericano Lino Gutiérrez], son elocuentes: el 51% de los encuestados –que abarcó funcionarios de distintos organismos bonaerenses y nacionales, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF)– consideró que las normas de control y prevención del lavado son poco o nada efectivas, frente al 34% que las calificó de bastante o muy efectivas.
Sin embargo, la visión sobre la aplicación de esas normas se combina con un dato alentador: el 67% cree que hoy se está mejor que cinco años atrás y el 81% cree que la Argentina estará aún mejor en cinco años más.
La encuesta resulta atractiva por dos motivos: la especialidad de quiénes la respondieron tras dos días de capacitación para obtener una certificación de la Asociación de Banqueros Internacional de Florida (FIBA, en inglés), y por las observaciones que aportaron.
Al identificar los mayores problemas que afrontan en la actualidad los expertos para combatir el lavado en la Argentina, tres surgieron con claridad: la falta de adecuación local a las normas internacionales, la falta de capacitación del personal involucrado y la falta de conciencia de las máximas autoridades. Sólo luego apareció la escasez de recursos.
pd: la nota completa publicada en LA NACIÓN, acá.
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